La inteligencia estadounidense descubrió el año pasado que abogados del ejército israelí advirtieron sobre la existencia de pruebas que podrían sustentar acusaciones de crímenes de guerra por parte de Israel durante su ofensiva en Gaza, según cinco exfuncionarios de Estados Unidos.
Esta información, hasta ahora no reportada, fue considerada por funcionarios estadounidenses como una de las más alarmantes compartidas con los responsables de la política exterior durante la guerra. Las advertencias internas del ejército israelí contradecían la postura pública de Israel, que defendía la legalidad de sus acciones militares.
Dos de los exfuncionarios afirmaron que el material no se difundió ampliamente en el gobierno de EE.UU. hasta finales del mandato de Joe Biden, cuando se compartió con el Congreso en diciembre de 2024.
Preocupación en Washington por posibles crímenes de guerra
La inteligencia incrementó las preocupaciones en Washington sobre las tácticas israelíes en Gaza, especialmente porque las operaciones dependían de armas suministradas por Estados Unidos.
Los informes señalaban ataques deliberados contra civiles y trabajadores humanitarios, lo que constituiría un crimen de guerra. Israel ha negado repetidamente estas acusaciones.
El creciente número de víctimas civiles —más de 68,000 palestinos muertos, según las autoridades de Gaza— generó alarma en la Casa Blanca, ya que podría implicar violaciones al derecho internacional humanitario. Israel afirma que al menos 20,000 de las muertes corresponden a combatientes de Hamas.
Nueve exfuncionarios de la administración Biden confirmaron a Reuters que la inteligencia generó un debate intenso en los últimos meses del gobierno demócrata, justo antes de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.
Debate interno en EE.UU. y dilemas legales
La revelación de la inteligencia llevó a una reunión en el Consejo de Seguridad Nacional, donde funcionarios y abogados discutieron cómo responder a los hallazgos.
Una conclusión oficial de que Israel había cometido crímenes de guerra habría obligado legalmente a EE.UU. a suspender el envío de armas y detener la cooperación de inteligencia con Israel.
A finales de diciembre, representantes del Departamento de Estado, el Pentágono, la comunidad de inteligencia y la Casa Blanca analizaron la situación. El propio presidente Biden fue informado del tema.
Sin embargo, abogados del gobierno determinaron que no existían pruebas suficientes para afirmar que Israel violaba la ley de conflicto armado, ya que EE.UU. no había reunido evidencia propia sobre ataques intencionales a civiles o bloqueo de ayuda humanitaria.
Algunos funcionarios temían que una conclusión contraria obligara a cortar el apoyo militar a Israel, lo que podría fortalecer a Hamas y complicar las negociaciones de alto el fuego.
Finalmente, la administración decidió mantener la asistencia militar, una decisión que provocó frustración interna entre diplomáticos y asesores legales.
Advertencias desde el Departamento de Estado
Incluso antes de que EE.UU. obtuviera inteligencia desde dentro del ejército israelí, abogados del Departamento de Estado ya habían expresado preocupaciones a Antony Blinken, afirmando que las acciones de Israel en Gaza podrían constituir violaciones al derecho internacional humanitario.
Según cinco exfuncionarios, los abogados alertaron desde diciembre de 2023 que las operaciones israelíes probablemente infringían la ley internacional.
Sin embargo, nunca emitieron una conclusión definitiva, lo que fue visto por otros funcionarios como un intento de evitar un enfrentamiento político directo con Israel.
El informe final del Departamento de Estado, publicado en mayo de 2024, reconoció que Israel “podría haber violado” el derecho internacional utilizando armas estadounidenses, aunque sin emitir una declaración concluyente.
La Corte Penal Internacional entra en juego
En noviembre, la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, su exministro de defensa y líderes de Hamas por presuntos crímenes de guerra. Israel rechazó la jurisdicción de la CPI y negó todas las acusaciones.
Al interior del gobierno estadounidense, surgió el debate sobre si EE.UU. podría ser cómplice indirecto de esos crímenes por continuar enviando armas y apoyo de inteligencia a Israel.
Estas discusiones coincidieron con el declive político de la administración Biden y el ascenso de Donald Trump.
El senador demócrata Chris Van Hollen calificó las revelaciones como evidencia de una “ceguera deliberada” del gobierno de Biden ante el uso de armas estadounidenses en Gaza.
“La administración Biden prefirió mirar hacia otro lado ante pruebas abrumadoras de que se cometían crímenes de guerra con apoyo de EE.UU.”, dijo Van Hollen.
Análisis y reflexión
El informe muestra una realidad compleja: Israel enfrenta crecientes cuestionamientos internacionales, mientras Estados Unidos equilibra su apoyo militar con la presión por rendición de cuentas.
Para muchos analistas, el caso Gaza podría marcar un punto de inflexión en la relación histórica entre Washington y Tel Aviv, sobre todo si se confirma la existencia de pruebas internas de crímenes de guerra.
La discusión va más allá de la política: plantea un dilema ético sobre el papel de las democracias en los conflictos armados modernos, donde la frontera entre defensa y agresión se vuelve difusa.
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